CIAM presenta denuncias penales contra los ministros de Comercio e Industrias de la Administración Cortizo por el caso Minera Panamá - CIAM PANAMÁ

● Permitieron a la empresa explotar recursos del Estado sin concesión y sin pagar regalías y
otros emolumentos
● Las declaraciones del ministro Alfaro ante la Asamblea Nacional la semana pasada dejan en
mayor evidencia la falta de sustento jurídico para dicha decisión

El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), junto a representantes de otras organizaciones
sociales, acudió la mañana de este miércoles 1 de febrero de 2023 a la Procuraduría General de la
Nación para presentar denuncia penal en contra de los dos ministros de Comercio e Industrias de la
actual administración: Ramón Martínez De La Guardia y Federico Alfaro Boyd.

Los denunciantes solicitan se inicien las investigaciones para determinar la posible comisión de los
Delitos Contra la Administración Pública en sus modalidades de Abuso de Autoridad e Infracción de
los Deberes de los Servidores Públicos y Peculado.

Tanto el ministro actual como el anterior han diferido la aplicación del fallo de inconstitucionalidad
de la Corte Suprema de Justicia y permitido la operación normal del Proyecto Cobre Panamá sin
concesión y sin el pago de contraprestación alguna al Estado panameño, en violación del Código de
Recursos Minerales y demás normas aplicables so pretexto de lograr un nuevo contrato.

Ramón Martínez fungió como ministro de Comercio e Industrias desde mayo de 2019 hasta mayo
de 2022 y coordinó el equipo de alto nivel para negociar el nuevo contrato con Minera Panamá; hoy
funge como Embajador de Panamá en Washington, D.C. Federico Alfaro Boyd funge como Ministro
del MICI desde mayo de 2022 hasta la fecha. En comparecencia ante la Asamblea Nacional el pasado
24 de enero, ante fuertes cuestionamientos del diputado Juan Diego Vásquez, el ministro Alfaro
admitió haber retrasado la aplicación del fallo y de la Ley por el potencial impacto económico del
cese de operaciones de la mina.

El artículo 356 del Código Penal establece que “El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o
retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su
equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.”

Como ciudadanos exigimos a las autoridades responsabilidad por sus acciones. La respuesta del
Ministerio Público a estas denuncias tendrá un efecto en la confianza en las instituciones de
investigación y justicia.

CIAM, organización responsable de la demanda de inconstitucionalidad del Contrato Ley de Minera
Panamá anuncia que continuará con el curso de acciones legales necesarias frente a este lesivo
proyecto y el turbio manejo que se le ha dado durante más de 15 años.

Para mayor información sobre esta Nota de Prensa, contactar a Lilian Guevara, Directora Ejecutiva, correo lgonzalezguevara@ciampanama.org