Más de un centenar de organizaciones y personas hicieron un llamado al Gobierno Nacional para reubicar de manera inmediata a los 29 privados de libertad trasladados al Parque Nacional Coiba y restablecer el cumplimiento de la Ley 44 de 2004, norma que dispuso el fin del uso penitenciario del área protegida y reservó su ocupación exclusivamente para fines de administración, investigación científica y ecoturismo.
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