Panamá, 3 de junio de 2022.– Las organizaciones ambientales y sociales suscritas advierten que en los próximos días, el Ministerio de Ambiente pretende formalizar la primera reducción de un área protegida en Panamá: la reducción del área protegida de Donoso en Colón. La medida no ha contado con una evaluación de su impacto en la biodiversidad y objetivos de conservación de Donoso y entra en directa colisión con decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia.
Este proceso inició como una modificación de límites necesaria, ya que el área protegida se creó incluyendo áreas pobladas previamente establecidas que no eran parte del estudio técnico original, lo que ha impedido a los pobladores ejercer una ocupación legítima y obtener títulos de propiedad. Para compensar la zona a ser excluida el Ministerio de Ambiente había ofrecido en enero de este año, siguiendo los precedentes establecidos por la Corte Suprema, anexar superficies equivalentes con valores ecológicos en buen estado de conservación. Sin embargo, el 8 de junio cerrará la consulta pública de la propuesta final del ministerio, que ahora elimina el 47% de la superficie del área protegida, casi 98 mil hectáreas, incluyendo varias zonas que sí se encontraban en la propuesta técnica original y sin la compensación ofrecida. De hecho, algunas de las zonas que serán excluidas se encuentran dentro de la concesión actual y la concesión adicional en trámite para minería metálica.
Las zonas que serán excluidas convierten al área protegida de Donoso en un polígono amorfo que no garantiza la conectividad de los bosques. La decisión carece de una evaluación de los impactos que pueden sufrir las rutas de migración de las especies, que justificaron la creación misma del área protegida y que actualmente están significativamente impactadas por el voraz avance de la minería metálica y la potrerización en la zona. Adicionalmente, no se incluyen compromisos concretos para administrar, invertir y manejar el reducto de Donoso que quede luego de este proceso, perpetuando la ausencia institucional y por tanto la tendencia de pérdida de su cobertura boscosa.
Este proceso no supone solo un riesgo para la excepcional biodiversidad de Donoso, que es parte del Corredor Biológico Mesoamericano, sino que constituye una real amenaza para todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que cubre más de 30% del territorio nacional. La propuesta de reducción no ha procurado verificar que todos los poseedores beneficiados con la medida estuvieran allí antes de la creación del área protegida. Este y otros vacíos en el proceso podrían constituir un precedente negativo que permita que la invasión y deforestación en cualquier área protegida pueda con el tiempo convertirse en un título de propiedad, siguiendo este procedimiento. Así, el legítimo interés de las comunidades previamente establecidas en Donoso y Omar Torrijos de lograr una solución legal a su situación tenencial habría sido utilizado para justificar la afectación de las áreas protegidas del país, bienes de dominio público de todos los panameños, en detrimento de la calidad de vida de las nuevas generaciones que dependen de la disponibilidad de agua y protección del cambio climático que brindan sus ecosistemas.
Esperamos haya un alto en el proceso para corregir sus profundas deficiencias y que el ministro cumpla con sus declaraciones del 2021 en las que señaló: “Para nosotros las áreas protegidas son sagradas… Nosotros no incumpliremos ninguna norma ambiental para solucionar un problema… La única forma, repito, de reducir un área dentro de un parque nacional, dentro de un área protegida es aumentando el área protegida.”
Contacto de prensa:
Joana Abrego – jabrego@ciampanama.org