El promotor del proyecto “Puerto Barú» en David, la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services, inició un proceso civil de secuestro preventivo de cuentas bancarias y activos contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá. Esta acción constituye un uso de mecanismos judiciales tipo SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública) dirigidas a obstaculizar el trabajo de organizaciones que defienden el derecho a un ambiente sano.
El proceso no corresponde a una sentencia ni a una sanción, sino a una medida preventiva para asegurar activos ante una eventual demanda civil. No obstante, sus efectos son inmediatos: limita el funcionamiento operativo de ambas organizaciones, impide cubrir gastos administrativos esenciales y congela salarios y fondos de cesantía de sus trabajadores. En el caso de CIAM, se dificulta la prestación de defensa legal gratuita a comunidades vulnerables y a ecosistemas en riesgo. Para Adopta Bosque Panamá, se pone en riesgo la gestión de cuatro fincas en Chiriquí y Darién dedicadas a la conservación, la educación ambiental y la investigación científica, donde se han identificado 74 nuevas especies para la ciencia. Se trata del primer caso de este tipo contra organizaciones no gubernamentales en Panamá, lo que genera una profunda preocupación sobre el uso abusivo de herramientas legales contra la sociedad civil.
CIAM y Adopta Bosque Panamá forman parte de una coalición de más de 60 organizaciones que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú, luego de evaluaciones científicas que advierten sobre los impactos que su construcción y operación tendrían sobre los Manglares de David, ecosistema protegido por ley desde 2007. Estos estudios también identificaron deficiencias en la Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa y señalaron a Puerto Armuelles como una alternativa técnicamente más viable.
Esta acción se suma a las querellas penales presentadas en agosto de 2025 contra ambas organizaciones por supuestos delitos de calumnia, injuria y contra la seguridad económica, que no avanzaron ante el Ministerio Público. La reiteración de procesos judiciales por distintas vías refuerza el patrón característico de las SLAPP, orientadas a desgastar y disuadir la labor de defensa ambiental.
Lilian González Guevara, directora ejecutiva de CIAM, señaló que estas medidas permiten el congelamiento de activos mediante el uso de un marco normativo desfasado, sin un sustento proporcional, con la expectativa de condicionar procesos judiciales futuros. Reafirmó que ambas organizaciones continuarán defendiendo el patrimonio natural del país y el interés público ambiental.
Organizaciones de la sociedad civil que acompañaron la conferencia de prensa rechazaron estas acciones y anunciaron la presentación de una solicitud formal ante la Defensoría del Pueblo para la instalación urgente de una mesa de trabajo orientada a la elaboración de un proyecto de ley que proteja a personas y organizaciones defensoras frente a este tipo de ataques. Defender el ambiente no debe implicar represalias en Panamá.
Comunicado dado en PANAMÁ, 5 de febrero de 2026.
