Ciudad de Panamá, 13 de octubre de 2025. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) rechaza la campaña de desprestigio de actores que apoyan la reapertura del proyecto minero en contra de nuestra organización y reafirma su compromiso de defensa de la verdad, la participación pública y el desarrollo sostenible.
Desde hace 18 años, CIAM trabaja de manera incansable y transparente por la protección del derecho humano a un ambiente sano, empleando acciones legales, de incidencia pública y de fomento de la participación ciudadana. Desde su fundación, CIAM ha brindado asistencia jurídica gratuita a personas y comunidades en la defensa de los ecosistemas de los que dependen sus medios de vida, así como a la promoción de políticas públicas y reformas para el fortalecimiento de la gestión ambiental del país. Nuestra labor íntegra y permanente nos ha ganado la credibilidad y el respaldo de la población y de diversos cooperantes internacionales.
Entre nuestras contribuciones más relevantes destacan: la primera declaratoria de nulidad de un Estudio de Impacto Ambiental aprobado ilegalmente; la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de concesión minero de 1997; la defensa de la legalidad del área protegida Bahía de Panamá; la creación del área protegida Isla Boná; el establecimiento del precedente de requerimiento de consulta pública para las decisiones ambientales; el apoyo a la negociación y adopción del Acuerdo de Escazú; la elaboración de la ley para la protección de arrecifes coralinos; y la aprobación de la ley de moratoria minera; entre una larga lista de ejecutorias.
Estos avances han sido posibles gracias al apoyo de donantes como la Fundación Packard, cuyo Programa de Océanos y aves playeras respalda el esmerado trabajo de nuestro personal y la ejecución de las actividades de conocimiento, conservación y defensa de humedales y ecosistemas marino-costeros, acordadas con nuestro donante.
El financiamiento de una prestigiosa fundación internacional para promover la protección de ecosistemas vitales para las aves migratorias es un reconocimiento al desempeño de nuestra organización y a la relevancia de nuestros ecosistemas a nivel global. Con gran esfuerzo, diversas asociaciones de sociedad civil en Panamá continúan logrando el apoyo de cooperantes internacionales que le permiten mantener su objetividad e independencia. Nuestra organización, en ninguna circunstancia, se inmiscuye en proselitismo político ni les paga a activistas para manifestarse.
Esta campaña para desacreditar la integridad y legitimidad de nuestra labor, empleando un texto sin firmas responsables, desinformación y afirmaciones falsas, no es un hecho aislado, sino que forma parte de un esquema más amplio destinado a silenciar a quienes denuncian irregularidades y exigen rendición de cuentas a empresas e instituciones. Estos intentos por intimidar se han intensificado en particular en redes sociales y penetrado medios de comunicación, pero también a través de acciones judiciales infundadas.
Hacemos un llamado a las autoridades, que, en nombre del Estado, deben cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú de garantizar un entorno propicio y seguro para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Una vez más le reiteramos al gobierno nacional cumplir su compromiso de elaborar y ejecutar una estrategia de desarrollo libre de minería metálica a nivel nacional y, en particular, en los distritos de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada. Igualmente reiteramos el llamado al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 sobre el contrato minero, la promesa de una auditoría realmente integral al proyecto y la protección de los derechos humanos de las comunidades más afectadas.
A la ciudadanía en general, le reiteramos nuestro agradecimiento y compromiso de continuar ejerciendo nuestra labor en defensa de los ecosistemas, la biodiversidad y el derecho a un ambiente sano.