Demandamos decreto que permite la apropiación de áreas protegidas.

CIUDAD DE PANAMÁ. Martes 23 de noviembre de 2021 – El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación para la Protección del Mar (PROMAR), Fundación Panamá Sostenible (PASOS), Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá (FUNDICCEP), Proyecto Primates Panamá, Asociación ADOPTA Bosque Panamá y el Colegio de Biólogos de Panamá presentan una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Decreto Ejecutivo 141 de 2021, que crea los “Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas”.

La norma demandada fue emitida por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente; en lugar de reglamentar una disposición legal específica un figura jurídica nueva y anómala, sin ningún asidero legal, que no tiene una clara identificación de los derechos reales que otorga. A través de los referidos certificados el Ejecutivo permitiría la apropiación privada de las áreas protegidas aun cuando dicha apropiación está prohibida por la Constitución y es un delito penado con 5 a 10 años de prisión.

A pesar de ser las principales productoras de agua y nichos de biodiversidad del país, las áreas protegidas se encuentran bajo grandes amenazas y presiones. Es un hecho público y notorio que el Ministerio de Ambiente no tiene guardaparques o personal suficiente para que las vigile y administre, y que tampoco investiga eficazmente ni sanciona las denuncias por tala y actividades prohibidas como vertimiento de desechos. Sin embargo, en lugar de fortalecer las pocas herramientas de control y administración que tiene, al emitir el Decreto Ejecutivo 141 el Ministerio favorece la invasión de las áreas protegidas y también le cede parte de sus competencias como ente rector de los recursos naturales y administrador de las áreas protegidas a la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI). La norma demandada no se sustenta en ningún tipo de estudio o estadísticas sobre la ocupación humana dentro de las áreas protegidas del país y tampoco pasó por un proceso de consulta pública o alguna forma de participación ciudadana.

El Decreto Ejecutivo 141 de 2021, en suma, favorece la degradación de las más de 100 áreas protegidas de Panamá: desde las playas de anidación de tortugas marinas hasta los bosques hogares del jaguar. La norma demandada también favorece el establecimiento de terratenientes y la especulación y acaparamiento de tierras.

Más información: Comunicarse con Joana Abrego, Gerente Legal del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. jabrego@ciampanama.org/info@ciampanama.org