Organizaciones ambientales denuncian que MIAMBIENTE y ANATI impulsan la invasión en las áreas protegidas del país.

CIUDAD DE PANAMÁ. Lunes 1 de noviembre de 2021 – Una nueva amenaza recae sobre la integridad de nuestras Áreas Protegidas poniendo en peligro su preservación y permanencia. El Ministerio de Ambiente en abierta violación a sus competencias como rector del Estado en materia de protección, conservación, preservación y restauración del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, dicta el Decreto Ejecutivo No. 141 de 2021 y crea los “Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas”. Este certificado carente de justificación técnica busca reconocer derechos de posesión dentro de las Áreas Protegidas abriendo la puerta a usos no determinados y por tanto contrarios a los objetivos de creación de estas zonas.

Contrario a Derecho y en un acto administrativo confuso de extralimitación y omisión en el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Ambiente cede por Decreto Ejecutivo sus competencias a la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) permitiendo que sea esta institución la que determine el uso de los suelos dentro de las Áreas Protegidas.  Con esta acción, el Ministerio de Ambiente no sólo ignora los Planes y categorías de Manejo, los Planes Operativos Anuales, los Planes de Uso Público y múltiples compromisos internacionales de conservación, sino que entrega más del 30% del Patrimonio del Estado, que es lo que constituyen las Áreas Protegidas, para que sea “certificado” por la ANATI, en respuesta a intereses individuales.

En un “procedimiento especial” de más de treinta pasos, en donde ninguno considera aspectos ambientales ni elementos de conservación, se le otorga completa discrecionalidad a la ANATI para determinar a quién se considerará poseedor legítimo dentro de un Área Protegida. Considerando que ninguna de las entidades involucradas cuenta con registros catastrales oficiales de las áreas afectadas, el decreto abre la puerta de facto para el reconocimiento actual y futuro para nuevas ocupaciones, muchas de las cuales han sido toleradas hasta la fecha por las graves limitaciones en la capacidad fiscalizadora de MIAMBIENTE y otras entidades y por la complacencia politiquera de muchas autoridades a lo largo de décadas, y de las que todos hemos sido testigos.

Resulta irónico que aun cuando la mayoría de las Áreas Protegidas se han creado para salvaguardar sus preciados ecosistemas de acciones concretas como las invasiones y la deforestación que estas producen, sea la misma institución rectora de la materia la que establezca una herramienta para promover y justificar estas acciones. Ninguna de las normas que constituyen y resguardan las áreas protegidas busca perjudicar el desarrollo económico o social de las comunidades, muy por el contrario, sus objetivos persiguen la protección de la producción del agua, resguardo frente tormentas e inundaciones, barreras naturales contra enfermedades y múltiples servicios ambientales sin los cuales las poblaciones estarían expuestas a la muerte o sin más remedio que migrar para obtener una mediana calidad de vida.

“Los panameños han asumido la responsabilidad de haber sido bendecidos con una de las mayores biodiversidades del mundo… Panamá ha entendido que lo que es bueno para el planeta es bueno para la economía y es bueno para cada uno de los países”. Estas palabras vertidas por el Presidente Cortizo ante la Asamblea de Naciones Unidas, la estrategia gubernamental que se estará planteando en la Conferencia de Cambio Climático el día de hoy y otros muchos compromisos adoptados por el país en materia ambiental son sólo discursos de promesas vacías sino se acompañan de acciones reales. Este Decreto no beneficia a la gente, no beneficia al ambiente, no beneficia al país.

Las organizaciones firmantes exigimos al Órgano Ejecutivo la inmediata derogatoria del Decreto Ejecutivo 141 de 2021, que además ha sido emitido en abierta violación a los derechos de participación contemplados en el Acuerdo de Escazú, contradiciendo los esfuerzos que este mismo ministerio realizó para su ratificación. En su lugar, exigimos igualmente que las autoridades en su conjunto y en particular el Ministerio de Ambiente asuman sus competencias y responsabilidades e implementen programas de desarrollo reales que reconozca e impulsen las actividades productivas respetuosas con la conservación de las áreas protegidas y sancionen aquellas que las destruyen en detrimento de todos, en especial de las futuras generaciones.

En los escenarios de pandemia, crisis climática y crisis económica que atraviesa el mundo, se acabó el tiempo para los discursos vacíos que no se convierten en acciones reales. 

Suscriben:

Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el apoyo de las siguientes 77 organizaciones:

Contactos de Prensa:

Joana Abrego (jabrego@ciampanama.org)

Ricardo Wong (ricardowd@hotmail.com)