Ante la crisis nacional actual por la pandemia del COVID-19 y la planificación de medidas para reactivar la actividad nacional, las organizaciones que trabajamos temas ambientales abajo firmantes, expresamos a la comunidad nacional lo siguiente:
Lamentamos profundamente el saldo fatal en pérdida de vidas humanas y expresamos nuestra cercanía con las familias que han sufrido la pérdida irreparable de sus seres queridos. Respaldamos la toma de decisiones basada en ciencia, Estado de Derecho y aplicación del principio precautorio por el Gobierno Nacional, e instamos a nuestros miembros, voluntarios y redes de contactos a acatar las disposiciones de contención y restricción de movilidad, así como mantener las medidas sanitarias y de bioseguridad comunicadas por las instituciones competentes. Igualmente ponemos a disposición nuestras redes y recursos para participar activamente en programas de apoyo y voluntariado convocados por las autoridades nacionales, para la atención de los grupos más afectados por esta pandemia, incluidos, mujeres, pueblos originarios, productores, pescadores, sector turismo y servicios, entre otros.
Proponemos una “reactivación” que no sea solo económica, sino integral, considerando los aspectos sociales y ambientales a la par de lo económico, bajo el modelo del desarrollo sostenible y economía verde. Expresamos nuestra disponibilidad de participar como sociedad civil en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno, para aportar y asegurar que se contemplan salvaguardas ambientales y de transparencia en las operaciones para obtener recursos financieros de deuda pública que se gestionan para la reactivación.
Recomendamos que de forma prioritaria se implemente un programa de resiliencia de la producción agropecuaria con metas concretas de autoabastecimiento, agrobiodiversidad y ganadería sostenible en el contexto de una estrategia nacional de seguridad alimentaria.
La crisis del COVID-19 pone en evidencia la mayor vulnerabilidad de nuestras ciudades y centros urbanos para responder ante situaciones de urgencia, sean de índole sanitaria, como en este caso, o de otra naturaleza como desastres asociados a inundaciones, estrés por falta de recurso hídrico, inadecuado manejo de los desechos, entre otras. El fortalecimiento de capacidades en toda la población en materia de gestión integral de riesgos es una prioridad. La institucionalidad para este fin deberá revisarse e implementar ajustes para pasar de un modelo reactivo de respuesta a una modelo de prevención y gestión integral de riesgos.
La crisis sanitaria presenta la oportunidad para visibilizar el nexo entre salud pública, pobreza y ambiente. Esto se debe traducir en medidas concretas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, por ejemplo, considerar que la dotación de ayudas humanitarias mediante bolsas de alimentos, incluya también la entrega de semillas, relevante tanto para el ámbito urbano como rural. La revisión de la asignación de recursos para el desarrollo y promoción de la ciencia y la tecnología debe ser uno de los aprendizajes derivados de la crisis. El establecimiento de una ventana permanente de convocatorias para proyectos de investigación sobre el nexo entre variables sanitarias, socio- ambientales y climáticas debe ser parte de la agenda post crisis.
La importancia de la dotación de agua en calidad y cantidad suficiente para suplir las necesidades de consumo y sanitarias de la población ha quedado nuevamente de manifiesto. La consigna de lavado de manos requiere tener agua a disposición en tiempo, calidad y cantidad suficiente, lo cual es una falencia en distintos sectores de la ciudad capital y provincias. La gestión integral del agua, mediante planes, programas y normativas que fortalezcan la coordinación interinstitucional e intersectorial superando la atomización de competencias que aún hoy se mantiene, se refuerza como una prioridad impostergable. El fortalecimiento de los comités de cuenca y organizaciones locales para el manejo del agua; programas nacionales de eficiencia y reducción de huella hídrica,
infraestructura pública y domiciliaria para manejo de aguas torrenciales, programas de conservación de bosques de galería y rescate de ríos, seguridad hídrica en comarcas indígenas, entre muchas otras, son medidas pendientes y urgentes.
Hemos experimentado cómo el confinamiento afecta de manera diferenciada a las familias según los niveles de confort y recursos a los que tienen acceso, exacerbando la inequidad, desigualdad y niveles de violencia intra-familiar que existen en el país. La implementación de normas y prácticas de construcción de infraestructura verde-sostenible para aumentar la resiliencia de la población urbana y rural, debe ser parte de la agenda de desarrollo ajustada post crisis.
La respuesta evidente del entorno, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, en cuanto a la “aparición” de especies de la vida silvestre en calles, avenidas y plazas, es un llamado para reconocer que la presencia humana y sus actividades tienen grandes efectos en la biodiversidad. Por tanto, corresponde valorarlas y desplegar medidas efectivas para la protección del hábitat y especies, más allá del agotado proceso de evaluación de impacto ambiental. El diseño y aplicación de medidas innovadoras de gestión ambiental urbana, como estrategias de movilización alternativa, reducción de picos y flujos, disminución programada de niveles de contaminación, metas de disminución de emisiones, entre muchas otras, deberán ser planificadas, piloteadas e implementadas por la autoridad ambiental en conjunto con las organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, empresas, universidades y todos los sectores de la comunidad nacional.
Expresamos nuestra disposición de trabajar conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y otras entidades públicas para aumentar el impacto de acciones que las organizaciones ambientales venimos desarrollando como campañas de concientización en el uso de los recursos (luz, agua, desechos, contaminación, seguridad alimentaria, reusar, reciclar, aprovechar tiempo en familia) y diversos programas ambientales, como parte de la agenda de reactivación post crisis.
Como sector ambiental, a la par que lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, desintegración familiar y graves consecuencias económicas que nos dejará esta crisis sanitaria del COVID-19, vemos el futuro con la esperanza de construir juntos un Panamá sostenible, diverso, próspero y con equidad, y reiteramos nuestro compromiso de seguir caminando juntos para lograrlo. Si volvemos a la “normalidad” previa a la crisis, habremos perdido una oportunidad de renovación y avance hacia los Objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030, con su propuesta de protección del planeta y prosperidad para todos, sin dejar a nadie atrás.
Expresamos nuestra disposición de profundizar estos puntos de reflexión y plantearlos como insumos concretos en los distintos foros de análisis y discusión nacional que deben reactivarse como parte de la agenda post crisis, y en los que estamos prestos a participar como sector ambiental.
Dado en la Ciudad de Panamá a los 16 días del mes de abril de 2020, por:
ANCON
CEASPA
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Fundación Ciudad del Saber
Fundación Marviva
Fundación Natura
Fundación Parque Nacional Chagres
Fundación Wetlands International
PROMAR
Sociedad Audubon de Panamá
F. Naturaleza y Ciencia 507
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