CIAM APLAUDE PROMULGACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ EN PANAMÁ
Panamá, 7 de febrero de 2020.– El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), representante de la sociedad civil de Panamá en el proceso de negociación de este Acuerdo, aplaude la promulgación en Gaceta Oficial de ayer jueves 6 de febrero, del Acuerdo Regional sobre el Acceso al Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual fuera firmado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Este paso convierte al acuerdo en Ley de la República, específicamente la Ley 125 de 4 de febrero de 2020, elevando sustancialmente el nivel del protección formal para que cada ciudadano tenga libre acceso a la información ambiental, acceso a procesos participativos abiertos e inclusivos en la toma de decisiones ambientales y acceso garantizado a vías judiciales y administrativas efectivas para recurrir dichas decisiones.
Cumplida su promulgación, el instrumento de ratificación del acuerdo por Panamá deberá ser depositado formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas, quienes ya han recibido la ratificación efectiva de Bolivia, Guyana, Uruguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y esperan el depósito de nuestro país, Nicaragua y Ecuador, países donde ya se ha aprobado dicho acuerdo. El instrumento entrará en vigencia con la ratificación de 11 países.
Panamá, y por tanto todas sus dependencias de gobierno, desde el momento de la firma del acuerdo, está obligado a abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratado, por lo que hoy más que nunca deberán reforzarse las medidas para no obstaculizar los derechos de acceso de los ciudadanos en asuntos ambientales y para la protección de los defensores ambientales. El Estado está también en obligación de prever lo necesario para la adecuación de las normas de Derecho Interno al texto del acuerdo, ya que en virtud del Derecho Internacional, desde su puesta en vigor, el país está obligado a su estricto cumplimiento, sin poder alegar normas internas contradictorias para justificar su inobservancia. CIAM reitera su ofrecimiento de apoyo a las autoridades competentes para iniciar esta importante labor y agradece la colaboración brindada hasta hoy por todos los actores involucrados, públicos y privados, en este crucial proceso.
Más información sobre esta nota de prensa contactar a:
Sonia Montenegro